Proyecto de investigación: las barreras lingüísticas y el derecho de acceso a la justicia y a los servicios sociales por parte de personas migrantes de la ciudad de A Coruña.

Proyecto de investigación: las barreras lingüísticas y el derecho de acceso a la justicia y a los servicios sociales por parte de personas migrantes de la ciudad de A Coruña.

Proyecto de investigación: las barreras lingüísticas y el derecho de acceso a la justicia y a los servicios sociales por parte de personas migrantes de la ciudad de A Coruña.

Las personas migrantes que llegan a la ciudad de A Coruña presentan características heterogéneas en cuanto a sus lenguas y culturas, lo que, en ocasiones, acaba derivando en la aparición de barreras lingüísticas y culturales. Estas barreras lingüísticas y culturales no sólo afectan a las personas migrantes, pero es evidente que estas resultan ser las más perjudicadas y acaban reforzando una situación de vulnerabilidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas al tener que enfrentarse al desconocimiento del idioma y al choque cultural (Arcos Álvarez, 2017). Además, estas barreras también acaban perjudicando su trato con la administración y el ejercicio de sus derechos y deberes a la hora de acceder a los servicios públicos (Foulquié Rojizo, 2002). De este modo, el hecho de no poder comunicarse de manera efectiva vulnera, en especial, al acceso a justicia, que desde el siglo XX se considera como un derecho humano, un derecho fundamental y básico para la vigencia de otros derechos (Begala, 2012); así como, el derecho de las personas migrantes a acceder a los servicios sociales, que debe estar garantizado con independencia de que no hablen las lenguas oficiales (Arcos Álvarez, 2017).

Actualmente, el Estado español sólo garantiza la accesibilidad lingüística (es decir, una comunicación efectiva entre personas que hablan distintas lenguas) de las personas migrantes en los procesos penales, Ley Orgánica 5/2015, del 27 de abril, en la que se recogen las directivas europeas relativas al derecho a la información, y a la interpretación y traducción en procesos penales[1]. Sin embargo, las barreras lingüísticas y culturales no pertenecen exclusivamente al ámbito judicial y/o policial, y, a pesar de esto, en ningún otro caso el Estado garantiza presencia de personas que contribuyan a eliminar estas barreras. Por lo tanto, estas barreras lingüísticas y culturales acaban por convertirse, en ocasiones, en verdaderas vulneraciones de los derechos de las personas migrantes o extranjeras. De hecho, es fundamental que, en la prestación de servicios, se cubran las necesidades comunicativas de las personas usuarias como establecen las directivas de la UE en materia de accesibilidad (Jiménez-Andrés, 2021). Por lo que, cuando no se cumple con las necesidades comunicativas de las personas migrantes y las barreras lingüísticas y culturales provocan un deterioro en los servicios que estas reciben, somos testigos de la vulneración de los derechos de las personas migrantes. En palabras de Begala (2012), “si el reconocimiento del derecho a migrar como derecho humano hubiera sido auténtico y no mera retórica, su ejercicio nunca podría ser el origen de limitaciones a otros derechos fundamentales”.

Por otra parte, existen diversidad de mecanismos para solucionar estas barreras lingüísticas y culturales y lograr una comunicación efectiva y entre iguales. Por ejemplo, la utilización de traductores automáticos en línea, como Google Translate, o la contratación de servicios de interpretación telefónica como los ofertados por la empresa Dualia S.L. Sin embargo, una de las soluciones más habituales es recurrir a una tercera persona (ya sea de manera remunerada, o no) para que actúe como puente lingüístico entre ambas partes. Esta figura (bien sea una persona intérprete, traductora, nativa o con conocimientos de los idiomas implicados) debe tener en cuenta que mediar no significa sólo traducir las palabras, sino que también implica trasladar todos los aspectos de la comunicación no verbal que son clave a nivel cultural (Arcos Álvarez, 2017). Además, cada tipo de mediación lingüística presenta características bien diferenciadas, por lo que no es lo mismo mediar (o traducir o interpretar) en el ámbito judicial o en el ámbito de los servicios públicos. Debido a esto, las personas que actúan como intérpretes o traductoras en estos ámbitos deberán recibir una formación continua y especializada. Sin embargo, la precariedad laboral y la falta de profesionalización existentes en este ámbito acaban provocando la baja calidad de los servicios de traducción e interpretación, en perjuicio, como es habitual, de los y las más vulnerables.

En este contexto, consideramos necesario llevar a cabo una investigación sobre la situación actual de las barreras lingüísticas y el acceso a la justicia y a los servicios sociales que padecen las personas migrantes en la ciudad de A Coruña. Para eso, acudiremos a personas profesionales de tres ámbitos: abogacía de extranjería, tercer sector y servicios lingüísticos. Llevaremos a cabo tres encuestas, con motivo de recoger información sobre la situación desde estos tres puntos de vista profesionales. A mayores, realizaremos entrevistas también con personas profesionales que trabajen en estos ámbitos para poder, de este modo, continuar profundizando en el foco de nuestra investigación. De esta forma, obtendremos una visión panorámica de la situación actual en la ciudad de A Coruña en cuanto a las barreras lingüísticas que surgen en estos tres ámbitos. Esta imagen que construiremos a raíz de los relatos profesionales de las personas participantes en nuestra investigación nos permitirán identificar las deficiencias que se producen en los distintos servicios dirigidos a las personas  migrantes de esta ciudad, así como reflexionar sobre las posibles recomendaciones para la mejora de la situación y evitar que se siga perpetuando la vulneración de los derechos lingüísticos, de acceso a justicia y a servicio sociales de las personas migrantes en la ciudad de A Coruña.

 

 

Bibliografía

 

Arcos Álvarez, L. (2017). Adaptación a la nueva realidad sociocultural en España: propuestas para la mejora de la asistencia en traducción e interpretación jurídica en los servicios públicos. FITISPos International Journal, 4, 162-173.

Begala, S. (2012). El reconocimiento diferenciado de derechos: primer obstáculo al acceso a la justicia de las personas migrantes. Derecho y ciencias sociales, (6), 3-24.

Foulquié Rubio, A. I. (2002). La interpretación en la policía ¿Un derecho o un privilegio? C. Valero-Garcés, G. y Mancho B. (Ed.), Traducción e interpretación en los servicios públicos: Nuevas necesidades para nuevas realidades, 93-98.

Jimenez-Andres, M. (2020). La accesibilidad lingüística como servicio en la atención de usuarios en las entidades del tercer sector. mAGAzin. Revista de Germanística Intercultural, (28).

Ley Orgánica 5/2015. Boletín Oficial del Estado, Madrid, España, 27 de abril de 2015.

 

 

[1] Existen menciones también a la figura del traductor/intérprete en otras leyes del derecho español: Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.